Es increíble que las normas dictadas por el gobierno anterior -y el actual- hasta ahora no pongan orden en la maraña laboral de la administración pública. Pero creemos que así como la sociedad hizo retroceder a ese voraz y angurriento Parlamento del período 2001-2006, donde los congresistas se embolsicaban 16 sueldos al año, es momento de eliminar ciertos privilegios dorados que detenta la burocracia dorada sobre los maestros, médicos, policías, militares, trabajadores municipales, etc., que no los tienen. Sin embargo, de manera sorpresiva, el presidente Alan García ha retirado del Congreso el proyecto de ley que el Ejecutivo había remitido al Legislativo con el objeto de uniformizar los ingresos de los funcionarios públicos, empezando por fijar en catorce el número de sueldos anuales de todo trabajador del Estado. Con esta marcha atrás no sólo se ignora la urgencia de ordenar el sistema remunerativo público sino que se traen abajo expectativas de muchos trabajadores estatales que piden un trato equitativo e igualitario en sus ingresos. Retroceder a estas alturas y en este tema no sólo es ir contra la reforma estatal sino también significa conservar los reductos privilegiados de aquellos funcionarios que reciben al año 16 o 18 sueldos en doce meses. Todas estas exclusividades remunerativas en el Estado restan competitividad al Perú; absorben parte de la inversión pública productiva que acaba en gastos de planilla; y generan frustración y desasosiego en la administración pública que recibe menores ingresos, pues observa que existen burócratas con corona. Es cierto que ahora el país viene avanzando en este tema y que se han superado los vicios nefastos del toledismo donde numerosos asesores palaciegos ganaban, por ejemplo, veinticinco mil soles al mes, más dos gratificaciones, vacaciones, etc. No obstante falta mucho para poner orden en el Estado. Por tanto resulta inquietante el retiro del mencionado proyecto de ley del Ejecutivo. Olvidó el presidente Alan García que hace poco fue enfático y directo al decir que "corresponde a la prensa investigar qué entidades han seguido asignándose 16 y 18 sueldos anuales, lo que es un poquito grosero". También olvidó el jefe de Estado la acotación que hizo sobre este tema: "Dicen que son derechos adquiridos, pero contra el pueblo peruano que paga impuestos no hay derechos adquiridos". Es prioritario que el gobierno tome conciencia de la necesidad de continuar con el debate congresal del citado proyecto para de una vez por todas homologar el número de sueldos de los funcionarios públicos a sólo 14 al año, es decir 12 sueldos normales más dos gratificaciones anuales. En la hora de la equidad, la democratización del Estado y la redistribución justa de la riqueza no hay espacio para este tipo de retrocesos ni para pactos colectivos que suenan a pillerías contemporáneas que atentan contra la dignidad de la mayoría de los trabajadores estatales del país. Editorial Expreso