Después de más de seis meses, la hermana República de Honduras ha retornado a la normalidad democrática y principalmente por esfuerzo propio, con muy limitada intervención internacional y por qué no decirlo, a pesar del errático accionar de instituciones como la OEA que lejos de ayudar, no supieron advertir en qué lugar se encontraban los reales responsables de la insólita situación hondureña.

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Es bueno hacer un recuento de lo acontecido y de los escenarios hondureños, que puede servir para formar juicio de valor reflexivo y sin sesgos inconvenientes que quitan objetivad.  
José Manuel Zelaya, candidato del Partido Liberal, asumió el poder en el año 2006 de manos de Ricardo Maduro, quien había alcanzado la presidencia como candidato del Partido Nacional.  Roberto Micheletti, del mismo partido que Zelaya presidía el Congreso. Durante el gobierno de Zelaya se ahondó la crisis energética, creció el crimen organizado y se incorporó a la Alternativa Bolivariana (Alba) liderada por Hugo Chávez desde Venezuela, pero lo que más molestó a la mayoría de hondureños fue la pretensión de Zelaya de modificar artículos constitucionales para posibilitar la reelección presidencial que la Ley de Leyes de Honduras no permite.  Zelaya intentó recurrir a una consulta popular con el mencionado propósito, lo que no avalaron las más altas autoridades del país como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público y el Parlamento.
Del lado del Poder Legislativo, su presidente Roberto Micheletti propició modificaciones a la normativa y calendario electoral.  Conforme puede verse, acciones del Gobierno molestaban  al  Parlamento mientras que las de este último incordiaban al Ejecutivo, hasta que los constantes enfrentamientos culminaron el  28 de junio del 2009 al negarse las Fuerzas Armadas a aceptar instrucciones presidenciales que transgredían expresas disposiciones del Poder Judicial, incursionando en la residencia presidencial  poniendo a “Mel” Zelaya en el aeropuerto para su traslado a Costa Rica. Asumió la Presidencia de la República Roberto Micheletti, como titular del Congreso. En buen romance, Zelaya fue deportado.
Pese a que desde antes de la salida de Zelaya del ejercicio presidencial, se habían convocado a elecciones generales y existía un clarísimo y previo calendario electoral, la OEA suspendió a Honduras de su participación en tal organismo, lo que de suyo significó que muchos países que brindaban cooperación económica, técnica y humanitaria a Honduras, también suspendieran sus ayudas.
Zelaya regresó clandestinamente a Honduras y se “alojó” en la embajada del Brasil en Tegucigalpa como “huésped”,  status diferente al de “refugiado” o “asilado”, ajeno a los estándares internacionales, lo que profundizaba la crisis hondureña, hasta que el 30 de Octubre del 2009 comisionados de Zelaya y de Micheletti suscribieron el Acuerdo Tegucigalpa-San José que acercó a las partes en conflicto, apoyando la realización de las elecciones convocadas en aras de que quien las gane pueda instalar un gobierno de unidad nacional.  Las elecciones se llevaron a cabo el 29 de noviembre de ese año con limpieza y auditoría internacional, así como masiva participación ciudadana, y el nuevo gobierno, presidido por el candidato ganador del Partido Nacional Porfirio (Pepe) Lobo, quedó instalado el 27 de enero del 2010, con buenos auspicios y habiendo logrado que Micheletti deje a tiempo la casa de gobierno, facilite la transmisión  del cargo y todo se lleve con tranquilidad. A ello contribuyó también al final Zelaya al retirarse a República Dominicana con la aquiescencia de los gobiernos de ambos países y con el beneficio de la amnistía que para delitos de connotación política aprobó el Parlamento de Honduras. El Poder Judicial también realizó lo suyo al disponer el sobreseimiento de los procesos seguidos a los militares que “desalojaron” a Zelaya.

Mecanismos fortalecidos
Conforme podemos advertir, en Honduras ha prevalecido la independencia de los poderes del Estado, sus mecanismos internos han funcionado y han salido fortalecidos. Quien ha tomado su decisión al final de cuentas es el pueblo soberano mediante elecciones inmaculadas.  Honduras ha sabido encontrar los caminos convenientes para resolver su crisis interna respetando su normatividad, e incluso pese al rechazo internacional que perturbó el  curso institucional hondureño.

Ahora Lobo tiene la gran responsabilidad de reinsertar a Honduras en el concierto de las naciones, lograr que sea nuevamente objeto de ayuda internacional, superar la crisis económica que también afronta y fortalecer el diálogo democrático.  Esperemos que el error de comprometerse a instalar una Comisión de la Verdad, no enturbie el correcto camino emprendido como sucedió en otros países. 
Por otro lado le queda a la comunidad internacional de países de responder a este esfuerzo que ha emprendido Honduras de afianzar la democracia plena de libertades políticas y civiles y acogerla con el reconocimiento a su nuevo Gobierno y, de ese modo, contribuir a superar la precipitada suspensión de la OEA.

 

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