El gobierno peruano ha otorgado asilo político "por razones humanitarias" al presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega Carvajal, quien fuera condenado por los tribunales de su país, en 2005, a 16 años de prisión por los supuestos delitos de rebelión y conspiración en contra del presidente de ese país, Hugo Chávez. La decisión del Estado peruano la reveló el sábado el propio Ortega a la redacción de El Universal, de Venezuela, y la confirmó ayer el canciller peruano José García Belaunde. Delito político "Ortega está acusado del delito de rebelión y no puede regresar a su país (pues se iría preso). Siendo un líder sindical nos parece que no ha cometido un delito común sino uno político", explicó el canciller al diario La República las razones por las que tanto su despacho como el Ministerio del Interior decidieron otorgar el asilo a Ortega Carvajal. Una decisión que, si bien es facultad autónoma de cada país, podría abrir un nuevo frente de batalla entre Lima y Caracas, cuyas relaciones diplomáticas se rompieron el año pasado tras un mediático intercambio de palabras entre el dictador venezolano y el recién electo Alan García. A inicios de este año ambos personajes limaron asperezas y repusieron a sus embajadores en cada país. Según el analista internacional Alejandro Deustua, "siempre existen consecuencias políticas" luego de que un país otorga asilo político a un opositor del régimen de otra nación. "Venezuela no tendría por qué reaccionar, pues el derecho internacional le asiste al Perú", asegura Deustua, aunque no descarta que Chávez pida el retorno de Ortega a su país. Sin embargo, afirma, Perú está amparado en el sistema jurídico internacional. "Espero que no haya problemas (con Venezuela)", ha dicho, por su parte, el canciller García Belaunde. Sentenciado por conspiración Considerado por la oposición venezolana como un "perseguido político", Carlos Ortega Carvajal, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), lideró entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 una huelga general de 63 días que buscó forzar la renuncia del presidente Hugo Chávez. Incluso a Ortega se le atribuye participación directa en la intentona golpista el 11 de abril del 2002, cuando un grupo de empresarios (Fedecámaras) y militares logró sacar del poder a Chávez por 48 horas. El canciller José García Belaunde confirmó que Ortega pidió su asilo en Lima, aunque no precisó cuándo ingresó al país ni dónde se hospeda. "Ortega está impedido legalmente de hacer declaraciones políticas", advirtió. DIPUTADO VENEZOLANO: 'En Venezuela no compartimos el asilo otorgado a Ortega en Perú' El diputado venezolano, Earle Herrera, manifestó que no comparte la decisión del Estado Peruano de otorgarle asilo político al sindicalista Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). Esta noticia, que fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, la tarde del domingo a elcomercio.com.pe, no ha sido del agrado del político venezolano, quien pese a todo dijo respetar la decisión del Perú. "Considero que es una decisión soberana del Gobierno Peruano que nosotros respetamos, de manera que nuestra opinión al respecto es esa, mirar con el respeto que merece una decisión del Estado Peruano", indicó el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y representante del Movimiento Quinta República (MVR). Sobre la persona de Ortega, el diputado indicó que por todos sus antecedentes debería responder ante la justicia de su país, y no buscar que otra nación democrática le dé asilo político. "El señor (Carlos) Ortega ha participado en Venezuela en actos subversivos, ha participado en un golpe de Estado que llevó al derrocamiento de 48 horas del presidente de la República (Hugo Chávez), y, también, en un sabotaje petrolero que duró dos meses que buscaba la quiebra económica del país. Con estos antecedentes, este señor debería responder a la justicia venezolana. Sin embargo, respetamos la posición del Gobierno Peruano, aunque definitivamente no la compartimos", añadió. Entre diciembre del 2002 y febrero del 2003, Carlos Ortega, quien es considerado por la oposición de su país como un "preso político", lideró una huelga que buscó la renuncia del presidente Hugo Chávez. Anteriormente, estuvo en Costa Rica, pero este país le revocó el asilo político. A su regreso a Venezuela, fue detenido con una identificación falsa, juzgado y sentenciado a 16 años de prisión por el delito de "rebelión civil e instigación para delinquir". El líder sindical escapó de la cárcel militar donde su cumplía su condena el año pasado y desde ese momento pasó a la clandestinidad.