Ayer fueron las ONG dedicadas a los derechos humanos y hoy las ecológicas las que pretenden fijar la agenda nacional. El hecho es que organizaciones de este tipo están en manos de marxistas disfrazados que representan a un sector minoritario de todas las ONG existentes en nuestro país, dentro de las cuales hay otras que desarrollan una actividad encomiable y apolìtica. Sin embargo es el grupúsculo de ONG politizadas -con inmenso poder económico y mediático- el responsable de que se hayan desacreditado aquellas que sí se merecen respeto. Una reciente encuesta realizada por la Universidad de Lima confirma que la mayoría ciudadana (51.3 por ciento) desconfía de las ONG. Y este rechazo fundado a las ONG tenderá a agravarse ahora que el Tribunal Constitucional (TC), mediante un fallo peligroso, le ha salvado el pellejo a un puñado de dueños de ONG -barones de la consultoría millonaria que viven del dinero ajeno- impidiendo que se conozca cuánto se endilgan los jerarcas de las ONG políticas. Precisamente fueron los directivos de estas asociaciones politizadas quienes plantearon la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 28925 para impedir que la sociedad sepa cómo y en qué gastan las donaciones que reciben "a nombre de los pobres -y explotados- del Perú". Para ello apelaron a argumentos propios de la actividad empresarial, confirmando que sus ONG (personas jurídicas) se dedican al comercio y se desenvuelven animadas por un fin de lucro. He aquí el error y la inclinación aviesa del presidente del TC y de otros cinco tribunos que votaron a favor de estas organizaciones. Pero el presidente de la República, Alan García Pérez, ha hablado claro. Afirma que el Perú tiene derecho a conocer qué hacen las ONG con los fondos que reciben, cuál es su origen y cuánto de ese dinero es usado para pagar los sueldos de los funcionarios de dichas organizaciones. Además el jefe de Estado, con todo derecho, ha formulado una pregunta directa: "¿Qué hacen las ONG con el dinero que reciben?". Ensayemos una respuesta: no sólo se pagan jugosos sueldos sino que se dedican a propósitos ideológicos para detener las inversiones en el Perú. Por ejemplo las ONG politizadas, dedicadas al medioambiente, muy bien podrían estar boicoteando la actividad minera para favorecer a países que compiten con nuestra economía. Bastaría entonces fiscalizar el origen de los millones que reciben estas ONG de entidades extranjeras secretas para determinar si, en efecto, confabulan contra el Perú. Es decir, mientras naciones como Chile desarrollan una enorme producción minera, el Perú tiene que padecer la permanente acción de saboteadores oenegeístas interesados en detener esta estratégica actividad extractiva. En consecuencia -ante tamaña falta de transparencia que exhiben estas "asociaciones sin fines de lucro" que actúan contra el interés nacional- el Legislativo debe insistir en que se les controle de manera muy estricta, promulgando para ello una nueva ley que contraríe el brulote sancionado por un TC infestado de miembros natos de ONG Expreso