La empresa Petro-Tech ha sido señalada como "la parte empresarial" que habría estado detrás de la salida al aire de los casetes del escándalo de corrupción petrolera que se ha tumbado un gabinete. Veamos de quién se trata.Petro-Tech: ¡un negocio con escaldalo! En 1993, en plena privatización de Petroperú bajo Fujimori, la empresa Petro-Tech, de capitales norteamericanos, se adjudicó el contrato de servicios por la empresa Petromar, filial de Petroperú, que explotaba petróleo en el zócalo (en el mar de Talara). Los campos de Petromar habían pertenecido a la también norteamericana Belco Petroleum hasta que el primer gobierno de Alan García, en 1985, le rescindió el contrato. En el contrato firmado en 1993, por un plazo de 30 años, se estableció que Petro-Tech pagaría un alquiler de US$ 10 millones anuales por 20 años, es decir, un total de US$ 200 millones. También se estableció que, como pago por sus servicios, se le pagaría a Petro-Tech el 84% del valor de la producción de petróleo. En claro, del total vendido, el 84% va para Petro-Tech y el 16% restante para el Estado (en este caso, Perupetro). En 1994, la producción de petróleo de Petro-Tech (no contabilizamos en este artículo ni la producción ni los ingresos de gas natural) fue de 6.97 millones de barriles al año (MMB), según la Dirección General de Hidrocarburos. Desde esa fecha, la producción bajó sistemáticamente, llegando a 3.92 MMB anuales en el 2005, para situarse en el 2007 en 4.3 MMB. O sea que la privatización de Petromar no se tradujo en un aumento de la producción, como decía la propaganda. La retribución (se mide en el eje derecho) permaneció estable alrededor de los 80 a 100 MMB anuales hasta el 2003. Del 2004 en adelante, la retribución se eleva hasta alcanzar la enorme cifra de US$ 265 millones en el 2007, a pesar de que la producción ha bajado. Esto se explica por el alza extraordinaria del petróleo que estaba, en promedio, en US$ 26/barril en el 2003 y llega a US$ 72/barril en el 2007. Mientras tanto, Petro-Tech le seguía pagando al Estado la cantidad ínfima de US$ 10 millones anuales. O sea, el petróleo que abastece a la Refinería de Talara (y que era nuestro) lo compramos por el triple, pero a la Perupetro de la época ni siquiera se le ocurre renegociar el contrato. Y eso se pudo haber hecho, por varias razones. Primero, porque después de transcurridos los primeros 10 años, Petroperú debía dar su visto bueno sobre diversas condiciones del contrato de 1993 (como, por ejemplo, el adecuado mantenimiento de las plataformas marinas). Sin embargo, esto no sucedió y no hubo renegociación alguna del contrato, lo que hubiera permitido reducir la retribución a Petro-Tech. ¿Por qué? Segundo, porque, como lo relata Jorge Manco en reciente artículo, si bien en el 2003 se formó en el Congreso una Comisión Investigadora del contrato con Petro-Tech presidida por Alejandro Oré, de Perú Posible, "nunca se evacuó el Informe Final, a pesar de que hubo 3 años de arduas investigaciones (2003/2006), requerimientos de información, invitaciones a declarar de decenas de funcionarios, etc. Sin embargo, la "buena suerte" de Petro-Tech se estaría terminando. El Perupetro actual está ejerciendo una adecuada fiscalización del contrato, por lo que Petro-Tech ha debido pagar US$ 22 millones en impuestos. Presidente García pide investigar venta de petrolera El presidente Alan García pidió al Congreso peruano formar una comisión investigadora sobre la venta de Petro-Tech -de capitales peruanos y estadounidenses- a estatales de Colombia y de Corea del Sur, por considerar que se realizó en un momento "altamente inoportuno" por un escándalo de espionaje telefónico. "La voluntad" de García "es que se forme una comisión investigadora que se aboque a indagar y profundizar en relación a la transferencia de Petro-Tech, por considerar que se ha producido en un momento altamente inoportuno e inconveniente", dijo la legisladora oficialista Mercedes Cabanillas. Ello se debe a que Petro-Tech está vinculado a un proceso de investigación sobre el tema de los 'petroaudios', un caso de acción ilegal de interceptación telefónica entre empresas petroleras, añadió. Cabanillas, ex presidenta del Congreso e influyente figura del gobierno, dijo que García convocó a los embajadores de Colombia y Corea del Sur para señalarles "su preocupación" por esa transferencia, considerada inconveniente por el gobierno. La legisladora subrayó que "se deja constancia de que la venta de Petro-Tech no está perfeccionada por un decreto supremo (del gobierno) que nunca se dio". Petro-Tech a través de un comunicado, difundido por la prensa, señaló estar dispuesta a colaborar con el Congreso y con cualquier autoridad política o judicial que solicite información sobre la transacción de sus acciones. El embajador de Colombia en Lima, Álvaro Pava, dijo que su país está listo "a contribuir con Perú, por si hay algo que no corresponda al marco de la ley. Ofrecemos toda nuestra colaboración para que se llegue a aclarar alguna duda que pueda haber", citado por la agencia oficial Andina. Las estatales petroleras de Colombia y de Corea del Sur anunciaron el viernes la compra de la estadounidense Offshore International Group, cuyo principal activo es Petro-Tech Peruana S.A., dedicada a la exploración, producción y procesamiento de hidrocarburos en Perú. La estatal Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) informó que junto con Korea National Oil Corporation (KNOC) "cerró el viernes la transacción para adquirir la compañía Offshore International Group Inc, con sede en Estados Unidos". La inversión es por 900 millones de dólares y se realizará en partes iguales, es decir 50% Ecopetrol y 50% KNOC. El pleno del Congreso acordó conformar una comisión especial que se encargará de investigar la transferencia de la empresa Petro-Tech a un consorcio colombo-coreano. El acuerdo, que se aprobó por 47 votos a favor, 37 en contra y cinco abstenciones, establece que la referida comisión deberá encargarse de investigar también las contingencias tributarias, societarias y de otra naturaleza que generó la referida transferencia. La representación nacional acordó de igual manera designar a los congresistas Johnny Peralta (APRA), Cecilia Chacón (GPF), Aldo Estrada (UPP) y Wilder Ruiz (Alianza Nacional) como integrantes de la referida comisión. Tras la aprobación inicial, el congresista Fredy Otárola, del Partido Nacionalista, presentó una reconsideración a la votación que terminó por formar la referida comisión; pero no se concretó al no alcanzar el número de votos que se requería para el efecto, es decir, 61 en total. El pedido del legislador de la oposición sólo obtuvo 32 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones. El acuerdo de formar la referida comisión se concretó al aprobarse la moción suscrita por parlamentarios de diversas bancadas políticas para que se investigue el tema de la venta de acciones de Petro-Tech. La moción precisa que como consecuencia de las investigaciones efectuadas por el Congreso se ha señalado la existencia de vínculos entre la empresa Petro-Tech y Business Track, la cual se habría dedicado al espionaje e interceptación de las comunicaciones tanto de instituciones como de diversas personalidades. "Recientemente, se ha producido la transferencia de la empresa Petro-Tech a un consorcio colombiano-coreano, lo cual podría significar una voluntad de entorpecer las acciones de investigación; y permitir que los presuntos responsables eludan sus responsabilidades por los actos antes señalados", indica el texto. Se argumenta que todo ello amerita la acción del Parlamento en ejercicio de la función de control que le corresponde a este Poder del Estado, de acuerdo con el mandato de la Constitución Política del Perú. Fuente: Caretas / Servicio de Noticias del Congreso