A la luz de nuevos casos de adoctrinamiento en las universidades del país, el viceministro de Justicia, Luis Marill del Águila, anunció la preparación de un proyecto de ley para restituir el delito de “apología del terrorismo” y declarar la imprescriptibilidad de ese tipo de hechos.
“Ya está siendo evaluada por el gabinete de asesore, ya que esta norma resulta vital para la sociedad, porque a través de la penalización a la exaltación de la violencia y a la muerte aseguramos una convivencia pacífica y el sostenimiento de la democracia”, reafirmó el viceministro, tras hacer referencia a los nuevos casos de docentes y alumnos universitarios involucrados en actividades pro terroristas.

Grave error
Indicó asimismo que los especialistas en materia penal ya se pronunciaron sobre lo inapropiado que fue despenalizar esta normativa en el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo. “Fue un error definitivamente, no se midieron los alcances de ello”, añadió.
En esa época, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional las normas sobre “apología del terrorismo” contenidas en la legislación antiterrorista (Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 010-2002-AI/TC, del 3 de enero de 2003 y publicada el 4 de enero de 2003), entre otras razones, porque la Constitución peruana señalaba que no hay delito de opinión.
Actualmente, la apología del delito está tipificada en la legislación peruana en el Art. 316 del Código Penal (Delitos Contra la Tranquilidad Pública)  el cual señala que la conducta que públicamente hace apología de un delito o de cualquier persona que haya sido condenada como autor o partícipe será sancionada penalmente. Los agravantes son los delitos contra la seguridad pública, contra el Estado y la Defensa Nacional, contra los poderes del Estado y el orden constitucional.

Posibilidad de resurgimiento
Marill precisó que el caso de la Universidad de San Marcos “es una situación que nos revela la necesidad de estar permanentemente en alerta frente a la posibilidad de un resurgimiento del movimiento que pudiera atentar contra la democracia”. Estas declaraciones las hizo luego de la inauguración de la Casa de la Justicia en Chincha Alta.
“La Casa de la Justicia tiene por concepto agrupar en un solo espacio físico los distintos servicios que brinda el Ministerio de Justicia a la ciudadanía, donde se encontrarán los servicios de la Defensoría Pública, el Sistema Peruano, el de Información Jurídica (SPIJ), consultorio jurídico popular, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y el centro de conciliación gratuito”, detalló el viceministro Luis Marill.
Agregó que “esta entidad refleja y demuestra que las instituciones del Estado tienen que hacer alianzas estratégicas, tienen que compartir responsabilidades y esfuerzos para poder optimizar las funciones y tareas que la ley les asigna, así como permitir que el Estado pueda llegar de una mejor manera y pueda realizar un trabajo más eficaz”.

Asesoramiento a población
Por su parte el alcalde de Chincha, José Alberto Navarro Grau, agradeció la presencia del Ministerio de Justicia en este pueblo, pues dijo que el asesoramiento permanente es indispensable para la población. Esta es la séptima casa de la Justicia, que se suman a la de Chumbivilcas (Cusco), a Paucará (Huancavelica), Quilmaná (Cañete) y Chincha Alta (Ica).

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