EXPRESO. - El Perú ha recibido de la Justicia de Chile una sentencia favorable sobre el caso de extradición de Alberto Fujimori Fujimori. Con esta resolución queda atrás el desconcertante razonamiento jurídico del ministro (juez) Orlando Álvarez en primera instancia, y se reivindica el derecho del Estado peruano a juzgar a un controvertido personaje que enturbió muchos pasajes de la historia reciente de nuestro país. Hay todavía un largo trecho por recorrer si tomamos en cuenta los detalles del traslado del ex mandatario Fujimori, la definición de sus condiciones de reclusión, y el juicio oral que le espera ante una Sala Especial de la Corte Suprema. Mientras tanto, a pesar de que estamos ante un hecho de trascendencia judicial y política, reclamamos prudencia, altura y ecuanimidad a todos los actores del país. EXPRESO considera entonces que no debe caerse en el error de "fujimorizar" la agenda nacional. También debe precisarse que el fallo de la Corte Suprema de Chile trae por tierra una serie de sandeces y mitos que había generado un ruido peligroso y desestabilizador. Sobre la base de lo resuelto, es decir acusar a Fujimori en siete procesos que se expresan en varios delitos, se acaba la leyenda sobre una "mano negra" en el affaire Fujimori, y se diluyen las referencias a supuestas "alianzas" o "pactos políticos" bajo la mesa. En ese sentido, es indispensable dejar de lado la desconfianza entre peruanos, porque si bien nuestra economía goza de relativo blindaje contra esta laya de interferencias políticas, no debemos pues permitir que se politice este caso si lo que queremos es lograr que la marcha de la vida nacional transcurra con normalidad y ponderación. Si queremos reivindicar los agravios -a todos los peruanos- por un gobierno que devino en autoritario y hasta delincuencial para perpetuarse en el poder manipulando a las instituciones públicas y privadas de la nación, hasta que un video mostró el alma corrupta e inmoral del llamado fujimontesinismo, entonces es necesario que las autoridades del gobierno mantengan ese estilo sobrio practicado desde el 28 de julio de 2006 frente al tema judicial de la extradición, a diferencia del período toledista. En consecuencia, si deseamos que se sancione ejemplarmente a quien con sus actos demolió en cierta forma la dignidad de los peruanos, lo mejor es que se deje trabajar al Poder Judicial peruano, que se respete plenamente su independencia y sus decisiones. Pero, de otro lado, corresponde a los magistrados de la Corte Suprema del Perú procesar al ex mandatario con responsabilidad y profesionalismo, sin permitir presiones de ningún tipo y buscando siempre que la ley no sea letra muerta. Quien persiguió ayer a muchos peruanos a través de una Justicia puesta al servicio del Poder, gracias a la manipulación de Montesinos, ahora encontrará que tiene derecho al debido proceso.